El Tribunal de Cuentas alerta de graves carencias de la Agencia Tributaria en las anotaciones de embargo.
Javier Ardalán
El Tribunal de Cuentas ha sacado los 'trapos sucios' de la Agencia Tributaria a la luz, las principales debilidades de una entidad que se presenta como enormemente efectiva y con un grado de tecnologización sin comparación con las instituciones de su mismo cometido recaudatorio en los países del entorno.
La Agencia debería mejorar el seguimiento y control sobre las inscripciones o anotaciones en los Registros de la Propiedad y Mercantiles en virtud de mandamientos emitidos por la propia Agencia. Esta es una de las principales recomendaciones que el Tribunal de Cuentas realiza a la Agencia Tributaria en su informe de fiscalización de los ejercicios 2012-2013, ya que según explica, no existe seguimiento de las bajas que se producen sobre los embargos.
Concretamente, dice el Banco de España que debería mejorar el control de la constancia de las declaraciones de fallido y de las rehabilitaciones de personas o entidades inscritas en los Registros Mercantiles, así como mejorar el control de la anotación de las diligencias de embargo en los registros correspondientes.
También, le recomienda que refuerce, como uno de sus grandes objetivos estratégicos, la contención de la deuda pendiente y el cobro efectivo de las deudas tributarias y, en consecuencia, potenciar las actuaciones y medios aplicados a estos objetivos.
La deuda pendiente de cobro en la Agencia Tributaria creció un 9,7 por ciento durante los años 2012 y 2013, al pasar de 45.736 millones de euros, a principios de 2012, a 50.174 a finales de 2013. Mientras, en este periodo, los créditos incobrables subieron un 8,8 por ciento.
Además, el número de deudores declarados fallidos aumentó de manera importante de un año a otro (43%), y fueron más del triple el número de deudores rehabilitados en 2013 en relación con los de 2012. También aumentó el importe, tanto de crédito declarado incobrable, como de rehabilitado, y el dato realmente relevante para valorar la cancelación de crédito por incobrable (el importe que resulta de disminuir de los créditos incobrables los rehabilitados).
El Tribunal de Cuentas le dice también, que debería mejorar las actuaciones previas al ejercicio de acciones penales e incentivar las investigaciones patrimoniales, de manera que evite que muchas acciones no lleguen a ejercitarse, que la mayoría de las que se ejercitan concluyan con resoluciones desfavorables, y que gran parte de las sentencias favorables no puedan llegar a ejecutarse.
Las sentencias por insolvencia punible durante los ejercicios 2012 y 2013 fueron mayoritariamente contrarios a la Agencia Tributaria en el 57 por ciento de los casos, ya que hubo siete sentencias favorables a la Aeat, mientras que las desfavorables al fisco sumaron una docena.
El número de expedientes sancionadores abiertos a las entidades colaboradoras durante el periodo fiscalizado fue, únicamente, de cuatro; dos en 2012 y otros dos en 2013. El análisis de estos datos pone de manifiesto la necesidad de incidir en la obligación de colaboración de las entidades colaboradoras y de continuar desarrollando herramientas y adoptando medidas para mejorar dicha colaboración.
La Agencia debería continuar con el desarrollo y la mejora de las aplicaciones informáticas de apoyo de la gestión recaudatoria. Todas las aplicaciones informáticas que se utilizan requieren una actualización y mejora permanentes y se deben desarrollar en el sentido de automatizar tareas y unificar criterios en la actuación de la Agencia.
El desarrollo de las aplicaciones informáticas debe mejorar el control y la supervisión de la actuación de la Agencia, evitando en lo posible procesos individualizados y manuales en las actuaciones de gestión recaudatoria. También es necesario reiterar que las aplicaciones informáticas de la Agencia deberían, en la medida de lo posible, conservar y proporcionar información histórica de los expedientes tributarios.
Además de mejorar y desarrollar las aplicaciones informáticas ya existentes la Agencia debería estudiar el desarrollo y utilización de otras nuevas para el apoyo a algunas actuaciones que no cuentan con ellas.
Concretamente, debería considerar el desarrollo de alguna herramienta informática específica para la gestión, seguimiento y control de la adopción de medidas cautelares, que las agrupase por expedientes y permitiese el control de la medida adoptada y analizar su evolución, caducidad o extinción. Así mismo, debería considerar el desarrollo de nuevas aplicaciones en la gestión de las derivaciones de responsabilidad, para seleccionar de manera automática las deudas que se deberían derivar y poder mejorar el control y seguimiento de estas actuaciones.
Finalmente, le dice el Tribunal de Cuentas a la Agencia, que debería incrementar la selección y depuración de deudas muy antiguas en situaciones de paralización, aplazamiento y suspensión, e incrementar el control sobre la procedencia de esta situación en este tipo de deudas.
En 2013 se rehabilitaron deudores que habían sido declarados fallidos entre 1993 y el mismo 2013, afectando la rehabilitación a deudores fallidos de todos los años comprendidos en ese periodo de tiempo. En 2012, el deudor más antiguo que se rehabilitó había sido declarado fallido en 2005. Los deudores declarados fallidos antes de 2010 fueron 45.554 en el ejercicio 2012 y otros 159.044 en 2013.
